Dos proveedores de servicios legales de San Diego y 11 extranjeros que desean solicitar asilo en Estados Unidos presentaron una demanda federal el miércoles en San Diego, argumentando que la istración Trump ha cerrado ilegalmente el al asilo en los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Las demandas colectivas giran principalmente en torno a las acciones del presidente Donald Trump el día de su toma de posesión, cuando canceló las citas de evaluación de asilo realizadas a través de la aplicación CBP One del gobierno y luego ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que dejara de usar la aplicación, lanzada por la istración Biden. Esto dejó a los migrantes en Tijuana devastados, ya que las citas que habían esperado durante meses fueron eliminadas repentinamente.
La istración Trump “les quitó la alfombra a quienes habían tomado decisiones drásticas y costosas basándose en los requisitos de procesamiento que el gobierno había creado”, alega la demanda. Los demandantes argumentaron que Trump y su istración han “establecido barreras que han hecho prácticamente imposible” que los demandantes y otros solicitantes de asilo en situaciones similares accedan al proceso de asilo en los puertos de entrada.
Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, una de las organizaciones que representa a los demandantes, afirmó que Trump esencialmente ha abandonado a “solicitantes de asilo que huyen de circunstancias peligrosas temiendo por sus vidas, en una extralimitación ilegal que pone en peligro a miles de personas, incluidos niños, en circunstancias extremas”.
“Estados Unidos ha ofrecido refugio a quienes buscan asilo durante el último medio siglo. Esta istración no puede socavar nuestros valores y derechos democráticos consagrados en la legislación estadounidense de un plumazo”, declaró Perryman.
La demanda nombra como acusados a Trump, a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, al secretario de Estado, Marco Rubio, a la fiscal general, Pamela Bondi, y a dos funcionarios interinos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). El DHS no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles por la tarde.
Los demandantes en el caso incluyen ciudadanos de México, Colombia, Venezuela, Afganistán, Haití, Rusia, Guatemala y Ecuador. Entre sus desgarradoras historias, una mujer mexicana alega haber sido secuestrada repetidamente por un cártel notoriamente violento por cooperar con las autoridades en la investigación del asesinato de su primer esposo. Alega que el cártel desapareció a su hijo, su nuera y su nieta de dos años. La demanda alega que ella y su segundo esposo tenían una cita el 9 de febrero para una evaluación de asilo en el puerto de entrada de San Ysidro, pero fue cancelada el día de la toma de posesión.
La demanda afirma que cada uno de los demandantes, incluido un haitiano que estaba en la fila para su cita programada en CBP One cuando esta fue cancelada repentinamente el día de la toma de posesión, “tiene la intención de buscar protección en Estados Unidos” presentándose en los puertos de entrada entre Estados Unidos y México, pero las acciones de los demandados han “cerrado todo al asilo en los puertos de entrada”, dejándolos sin ningún método para buscar protección.
También se nombran como demandantes Al Otro Lado, con sede en Los Ángeles pero oficinas en San Diego y Tijuana, y la Alianza del Puente Haitiano, con sede en San Diego. Ambas organizaciones brindan asistencia legal y humanitaria a solicitantes de asilo y alegan que las acciones de los demandados “han obstaculizado su capacidad para llevar a cabo sus actividades principales”.
La demanda sostiene que, según la legislación estadounidense, los migrantes deben poder solicitar asilo si llegan a Estados Unidos o a un puerto de entrada y tienen un “temor creíble de persecución” si regresan a sus países de origen. La demanda sostiene que, desde que Trump asumió el cargo en 2016, el poder ejecutivo ha “inventado un experimento político tras otro para restringir el al asilo”.
Entre las políticas señaladas en la demanda se encuentra la práctica de “metering”, es decir, devolver a los solicitantes de asilo y obligarlos a esperar en México para ser procesados posteriormente. Esta práctica comenzó durante la istración Obama y posteriormente fue formalizada por la istración Trump. Un juez federal de San Diego la declaró posteriormente inconstitucional en un fallo confirmado por el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos.
Después llegó el Título 42, una orden de salud pública emitida por la primera istración Trump que se utilizó para impedir la entrada a Estados Unidos de solicitantes de asilo y otros migrantes durante la pandemia de COVID-19. Cuando el gobierno de Biden puso fin al Título 42 en mayo de 2023, comenzó a depender casi exclusivamente de la aplicación CBP One, implementada en enero de 2023.
La aplicación tenía sus problemas: solo estaba disponible en ciertos idiomas y a menudo los solicitantes de asilo tardaban meses en programar una cita. Sin embargo, casi un millón de migrantes programaron citas de evaluación a través de la aplicación entre enero de 2023 y diciembre de 2024. En la frontera entre San Diego y Tijuana, se itían diariamente a unas 400 personas con citas confirmadas.
En su primer día de regreso a la Casa Blanca, Trump emitió una orden ejecutiva titulada “Asegurando Nuestras Fronteras” que puso fin al uso de la aplicación CBP One, entre muchas otras medidas antiinmigratorias.
La demanda sostiene que otras partes de esa orden ejecutiva han hecho prácticamente imposible solicitar asilo en Estados Unidos y constituyen una “Política de Cierre del Asilo”.
La demanda del miércoles es al menos la segunda demanda importante que cuestiona las políticas de asilo del gobierno, sumándose a una presentada en febrero en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, D.C.
Original story:
San Diego lawsuit challenges shutdown of asylum processing at U.S.-Mexico border crossings
